Derecho de la mujer a una vida sin violencia en Nueva Esparta
A womans right to a life no violence in Nueva Esparta
María Guerra
1
Universidad Bolivariana de Venezuela, Nueva Esparta, Venezuela1
mariaguegar.1@gmail.com1
Fecha de recepción: 31/03/2022
Fecha de aceptación: 08/05/2022
Pág: 108 – 128
Resumen
Con esta investigación se pretende reflexionar sobre las condiciones de posibilidad,
para que los consejos comunales del estado Nueva Esparta se constituyan en
un baluarte para impulsar la protección de los derechos de la mujer a una vida
libre de violencia, como eje de la reestructuración de los saberes en esta área del
conocimiento. Para lograrlo es preciso que los consejos comunales se organicen y
conformen comités para el seguimiento de los derechos de la mujer, convirtiéndose
en garantes de la búsqueda de soluciones a través de mecanismos de participación
y protagonismo del pueblo, en relación a los diferentes conflictos que conllevan a la
violencia contra la mujer, los cuales puedan erradicarse, impulsando e instruyendo
a la ciudadanı́a en los conocimientos basados en las leyes existentes en nuestro
sistema jurı́dico, para que adquieran herramientas útiles, que les permitan actuar
apegados a las normas establecidas, en las diferentes causas que se susciten en
su entorno, evitando excesos y actos contrarios al ordenamiento legal; logrando
ası́ prevenir y erradicar el fenómeno de violencia contra la mujer, involucrando a
estos consejos comunales para que apoyen la atención integral con eficiencia en las
distintas áreas de protección a las vı́ctimas.
Palabras clave: comunas, mujer, participación, violencia.
Esta obra está bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0
Abstract
This research aims to reflect on the conditions of possibility, so that the communal
councils become a bastion to promote the protection of women’s rights to a life free
of violence, as the axis of the restructuring of knowledge in this area of knowledge.
To achieve this, it is necessary that the communal councils organize themselves and
form committees to monitor women’s rights, becoming guarantors of the search for
solutions through mechanisms of participation and protagonism of the people, in
relation to the different conflicts that they entail. to violence against women, which
can be eradicated, promoting and instructing citizens in the knowledge based on
the existing laws in our legal system, so that they acquire useful tools, which allow
them to act in accordance with the established norms, in the different causes that
arise in your environment, avoiding excesses and acts contrary to our legal system;
thus managing to prevent and eradicate the phenomenon of violence against
women, involving these community councils so that they support comprehensive
care with efficiency in the different areas of protection for victims.
Key words: communal, participation, violence, women.
Introducción
La violencia contra las mujeres es continua y representa a un conjunto de conductas que
han sido normalizadas por la sociedad. La costumbre, la cultura, el folklore, las normas -sean
éstas de la naturaleza que sean- derivan de la raı́z del sistema patriarcal, donde muchas de las
conductas que marginan, discriminan y denigran a la mujer quedan invisibilizadas por haber
sido admitidas como cotidianas, normales o propias de unos estilos de vida admitidos por
todos y por todas. Esta normalización de conductas machistas y violentas crea en la sociedad
una gran tolerancia hacia la violencia contra la mujer.
Esta violencia es invisible, no solo porque está normalizada e incluso tolerada, sino que
existen muchos otros factores, como las relaciones de poder que hacen que la violencia ejercida
contra el género femenino sea válida siempre y cuando no dañe los intereses de las estructuras
de poder, haciéndose invisible para el espacio público y quedando relegada al espacio de lo
privado, ı́ntimo e individual.
Ası́ la violación, el abuso sexual y el daño infringido por un superior son considerados un
acto vergonzoso, cuya culpa recae sobre la vı́ctima. Además de la vergüenza está la culpabilidad
enfocada a la vı́ctima. Pues el derecho y las leyes no siempre han contemplado a la vı́ctima
como tal, sobre todo si se trataba de una mujer, en los casos de adulterio por ejemplo, se
condenaba con mayor severidad a la mujer que al varón, por prejuicios personales misóginos.
La violencia contra las mujeres es ideológica y por eso es tan difı́cil de erradicar. No es un
fenómeno aislado u ocasional, sino que constituye un fenómeno social de tal magnitud que
se retroalimenta gracias a su carácter estructural que permanece vigente dada la existencia
aún de una sociedad patriarcal. Por ello esta violencia posee rasgos distintivos que la hacen
diferente a cualquier otro tipo de violencia, pues está presente a raı́z de la diversa forma de
socialización que se ha impuesto y aceptado para mujeres y varones. Mandatos que se han
heredado a través del tiempo y aún están vigentes, como los mitos que se han traspasado de
generación en generación para justificar la violencia contra las mujeres y los nuevos mitos que
se aceptan para convalidar y justificar la violencia contra ellas presente en la sociedad hoy.
El avance hacia sociedades más igualitarias junto con la progresiva aceptación de los
marcos de interpretación desarrollados por el movimiento feminista explica, en buena medida,
la deslegitimación de la violencia contra las mujeres y su conceptualización como un grave
problema social y polı́tico.
Este proceso no estarı́a completo sin concretarse en unas polı́ticas reivindicativas para
su erradicación. De la reconstrucción que se ha realizado se desprende que los movimientos
sociales abren un espacio especialmente idóneo para que se den las condiciones de la creación
e innovación en el conocimiento.
En este sentido, autores como Corsi y Peyrú (2003) basan la violencia contra la mujer en el patriarcado, al respecto dichos autores nos dicen: “La cultura patriarcal ha establecido los roles
esperados desde una perspectiva jerarquizada según sexo” (pp. 186-187), de lo cual se puede
inferir que dicha cultura patriarcal ha dado origen a una repartición no equitativa del poder,
el cual posibilita el acceso a la libertad, la cultura, la educación, la riqueza y la participación
social activa. De igual forma, Ruiz (2007), al referirse a la mujer maltratada comenta que
ésta presenta un perfil muy concreto; la normalidad de sufrir maltrato es tal que aumenta su
capacidad para afrontar situaciones adversas. La mujer maltratada desarrolla mecanismos que
le permiten adaptarse a la violencia y dependiendo del nivel de intensidad de ésta manifiesta
sorpresa, alerta, desorientación o se acostumbran.
Toda mujer que vive en un ambiente violento se adapta porque ha aceptado el abuso de
poder ejercido por el hombre. Junto a este rasgo, y como consecuencia del dominio y de la
manipulación, aparece la dependencia hacia el agresor. En la mayorı́a de los casos, las mujeres
están emocionalmente envueltas con quien las maltrata y dependen económicamente de ellos,
por tal razón, esta dependencia hace más difı́cil que la vı́ctima se anime a denunciar a su
victimario y prefiere seguir con la relación a pesar de los golpes y el maltrato psicológico.
Según estudiosos del tema, la violencia contra la mujer es perpetrada independientemente del
grupo social, económico, religioso y cultural. En la violencia contra la mujer, los agresores son
personas próximas a las agredidas, ocurriendo en espacios privados o públicos, de allı́ que una
de las formas más comunes de violencia contra las mujeres es la practicada por el marido o por un compañero ı́ntimo.
En la violencia contra la mujer se producen distorsiones cognitivas, sentimientos de
depresión, rabia, culpa, sumisión, baja autoestima, rencor, falta de proyección de futuro, déficit
en solucionar problemas, suicidio, trastornos de ansiedad, disfunciones sexuales, conductas
adictivas, inadaptación reflejada. Es de notar que hay aislamiento social motivado por el
agresor, cuadros clı́nicos que provocan inadaptación emocional, alteración de las relaciones
familiares, bajo rendimiento laboral, ausentismo laboral, aislamiento de los compañeros y
trastorno de estrés postraumático.
Analizando las afirmaciones de los estudiosos sobre la violencia que sufre la mujer por
parte de su compañero ı́ntimo, se puede sintetizar que la violencia de género se concentra en
agresiones individuales que trascienden al nivel social, dando como resultado la existencia de
la dominación de un grupo y la subordinación del otro.
Históricamente, la mujer ha sido erróneamente considerada un objeto y no un sujeto
de derecho, subordinada y discriminada a la figura del hombre dominante como cabeza y
proveedor de la familia, limitándola culturalmente a la simple figura del hogar. No obstante,
en las últimas décadas la visión de la mujer ha experimentado grandes cambios producto de
su progresiva participación en las esferas polı́tica, social, profesional y laboral, entre otras, en
procura de reivindicar sus derechos inspirados en los principios de igualdad y justicia social. Al
respecto, el papel social de la mujer se hace cada vez más relevante y significativo. Su acceso a
la educación en todos los niveles se ha conseguido de forma generalizada en gran parte de los
paı́ses del mundo; y las oportunidades de participación en el mercado laboral también se han
incrementado significativamente; sin que ello implique que el problema de la discriminación
laboral femenina esté totalmente superado.
En consecuencia a lo antes planteado, se busca la participación protagónica de los consejos
comunales, para que a través de ellos se examinen soluciones concretas que puedan disminuir
la magnitud de tanta violencia contra la mujer, formando un comité de protección de la
mujer, que sea garante de apoyo psicológico y promueva el respeto por la igualdad del género
y la asistencia jurı́dica para que estos conflictos que conlleva la violencia contra la mujer
sean tratados y solucionados de acuerdo a las leyes existentes. Hirigoyen (2006), comenta sobre el tema, cuando expresa: “En definitiva, socialmente a los hombres se les prepara para
desempeñar un rol dominante y si no lo consiguen pretenden obtenerlo por la fuerza; para
ellos, la violencia es un medio de control a la mujer” (p. 95). Lo cual es cierto, ya que la
socialización hace que los hombres tengan un papel basado en el poder, en la autoridad y en
el dominio; y las mujeres en roles puramente femeninos como la dulzura y la expresión de las
emociones.
Al respecto, los autores Ruiz-Jarabo y Blanco (2006), sostienen que: “La violencia esaprendida socialmente, no es innata a la biologı́a o genética del varón. Es una forma de ejercer
poder mediante el empleo de la fuerza fı́sica, psı́quica, económica o polı́tica” (p. 32). El hombre
cree que imponiendo violencia puede dominar fácilmente a la mujer, puesto que dicha violencia
la van trayendo consigo aprendida por antivalores reflejados en sus hogares desde niños, es
decir es una repetición de hechos de violencia que han observado en su niñez, la cual repiten
con sus parejas después de llegar a la adultez. El ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres, en materia de violencia basada en género, se ha visto afectado significativamente
también por las concepciones jurı́dicas tradicionales, basadas en paradigmas positivistas y
sexistas.
Hasta hace unas décadas se creı́a, desde una perspectiva generalista, que el maltrato a las
mujeres era una forma más de violencia, con un añadido de excepcionalidad y con una causa
posible en una patologı́a del agresor o de la vı́ctima. Desde los años setenta, en el siglo veinte se
reconoce su especificidad y el hecho de que sus causas están en las caracterı́sticas estructurales
de la sociedad. La comprensión del tema, entonces, reclama unas claves explicativas que van
desde la insistencia en su especificidad, comprensible solo desde un análisis que incluya la
perspectiva del género, hasta la implicación en ella de distintos ámbitos e instancias sociales,
pasando por la denuncia de su frecuencia y su carácter no excepcional, sino común. Todas
las mujeres son vı́ctimas potenciales del maltrato y la violencia basada en género debido a
que en todas las sociedades, se ha desarrollado y pervivido la desigualdad entre los sexos.
Además, las distintas formas de violencia contra las mujeres son tácticas de control con el
objetivo de mantener y reproducir el poder patriarcal sobre las mujeres, para descalificarlas,
y ante ese poder que les niega el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos, debe erigirse el
Estado como garante de los derechos humanos, aprobando leyes que desarrollen las previsiones
constitucionales.
En este sentido, es importante destacar los esfuerzos que se están realizando en América
Latina para enfrentar y buscar soluciones factibles al problema de la violencia contra la
mujer. Al respecto, en Venezuela se pueden destacar los esfuerzos del Estado Venezolano para
enfrentar el problema de la violencia, mediante la promulgación de la Ley Orgánica Sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Ley que ha sido mejorada en las reformas ocurridas en el 2014 y en el 2021.
Cuestión esta que nos lleva a indicar que existen muchos tipos de violencia contra la mujer
que no solo se refieren al maltrato fı́sico o psicológico, hay también otros tipos de violencia,
por ello la Ley Venezolana, Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia (2021),
en su Artı́culo 15 de la actual reforma, reconoce varios tipos de violencia, a saber:
Violencia psicológica.
Acoso u hostigamiento.
Amenaza.
Violencia fı́sica.
Violencia familiar.
Violencia sexual.
Violencia sexual en la relación de pareja.
Prostitución forzada.
Esclavitud sexual.
Acoso sexual.
Violencia laboral.
Violencia patrimonial y económica.
Violencia obstetricia.
Esterilización forzada.
Violencia mediática.
Violencia institucional.
Violencia simbólica.
Violencia informática.
Violencia polı́tica.
Violencia ginecológica.
Violencia multicausal.
Desarrollo
Indiscutiblemente para cambiar un entorno social se necesita en primer lugar la herramienta
de la motivación a la participación colectiva, de involucrarse de conocer su realidad y trabajar
con empeño en su trasformación, demoler los obstáculos que se presentan con entusiasmo,
concientizados en realizar una evolución en aprendizaje, convivencia, esperanzados de mejorar
la calidad de vida comunitaria que es el fin y el propósito de trabajar colectivamente por una
misma meta.
Las actividades de educación comunitaria pueden contribuir a aumentar la información
a disposición de las mujeres respecto de sus derechos legales y sociales y dotarlas de medios
para buscar ayuda en caso de agresiones. Además, puede ayudarlas a poner en entredicho las
ideas en sobre la violencia de género en el marco de iniciativas multisectoriales incluyen lı́neas
telefónicas directas, albergues de emergencia, intervención policial, asistencia legal, consejerı́a,
atención psicológica, grupos de apoyo, programas de generación de ingresos, programas para
los golpeadores y servicios de asistencia social para niños.
Se trata de superar los roles de géneros ası́ como la aceptabilidad de la violencia en general
como herramienta para mantener o acceder al poder. A fin de que los agresores no se sientan
legitimados y que los demás no respondan con silencio o ignorancia, es necesaria una doble
estrategia de prevención: es indispensable tener una penalización estricta, sin concesiones, de
la violencia de género como acto criminal y, al mismo tiempo, programas de sensibilización
y capacitación de la población en general en los medios, las escuelas, empresas y otros
mecanismos de alta influencia para llevar a cabo el cambio socio-cultural de toda la sociedad.
Al mismo tiempo, se necesitan desarrollar medidas de empoderamiento de las mujeres y
promover su seguridad en los ámbitos privados y públicos.
Resulta obvio considerar que un cambio socio-cultural no es posible si las mismas leyes
mantienen el status quo. Desafortunadamente, numerosas leyes y polı́ticas en la región todavı́a
refuerzan las normas sociales y los conceptos tradicionales porque carecen de una perspectiva de
género. De allı́ que en definitiva el objeto es educar y concientizar a las mujeres del alcance de
los derechos que tienen como seres vulnerables de la sociedad para que accionen los mecanismos
de protección que se establecen en el ordenamiento jurı́dico, para que reaccionen dejando la
sumisión ante tanta violencia en su contra, alejando cualquier sı́ntoma de masoquismo que la
puede llevar a una muerte segura en cualquier momento.
Cabe destacar que para alcanzar estos fines se necesita estar organizado y por lo tanto
consideramos que es a través de la figura de la comunidad organizada (Consejo Comunal) en
el cual se tiene que gestar el comité de ayuda de la violencia contra la mujer, teniendo como
misión el disminuir o erradicar definitivamente ese flagelo que afecta la vida cotidiana tanto de
la mujer como de su prole y entorno familiar.
Con respecto a la violencia contra la mujer existen muchas teorı́as. Por un lado, están
las teorı́as que se centran en los principales factores que influyen en el proceso de toma de
decisiones, en el que las vı́ctimas realizan múltiples análisis: de los costes y beneficios de
seguir o abandonar la relación, del grado de compromiso que tienen dentro de la relación de
pareja, de su capacidad percibida para salir con éxito de la relación de maltrato. Y, por otro,
están otras causas referidas a la dependencia emocional de las vı́ctimas y a las repercusiones
psicopatológicas del maltrato.
La persona que durante un periodo prolongado de tiempo, sufre maltrato de forma
impredecible e incontrolable llega a un estado de indefensión que hace más probable su
permanencia dentro de esa relación. Asimismo su malestar, falta de motivación, apatı́a,
interfiere gravemente en su proceso de toma de decisiones. Esta causa se refiere al vı́nculo
emocional que se establece entre dos personas, cuando una de ellas provoca maltrato
intermitentemente a la otra. De allı́ que las cifras de mujeres vı́ctimas de violencia familiar
llevada a cabo por quien es o haya sido su pareja son alarmantes ya que anualmente cientos
de mujeres son maltratadas por sus parejas en diferentes paı́ses del mundo. Este maltrato
generalmente se origina por los intentos del hombre por dominar a la mujer, la baja estima
que determinados hombres tienen de las mujeres; causas que conducen a procurar instaurar
una relación de dominio mediante desprecios, amenazas y golpes.
Los rasgos más visibles del maltrato son las palizas y los asesinatos, son los que trascienden
del ámbito de la pareja; sin embargo, los maltratos de baja intensidad, los maltratos psı́quicos
que mantenidos en el tiempo socavan la autoestima de la mujer, son los que mayoritariamente
se dan. Cuando trasciende un caso de maltratos, la mujer puede llevar años sufriéndolos. Y
si los maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la historia de la pareja, es en el
momento de la ruptura y tras ésta, si se produce, cuando llegan a exacerbarse. Las causas pueden ser varias, desde trastornos psicológicos a predisposición socio-cultural, pasando por
infidelidades de la pareja o ex-pareja.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013), la violencia fı́sica o sexual es un
problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial,
de allı́ que pueda decirse que cerca del treinta y cinco por ciento (35 %) de todas las mujeres
experimentarán hechos de violencia ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento de
sus vidas. El estudio revela que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia contra
la mujer, ya que afecta al treinta por ciento (30 %) de las mujeres en todo el mundo. El estudio
destaca la necesidad de que todos los sectores se comprometan en eliminar la tolerancia de
la violencia contra las mujeres y en dar mejor apoyo a las mujeres que la experimentan. Las
nuevas guı́as de práctica clı́nica de la OMS, presentadas junto a este informe, tienen por
objetivo ayudar a los paı́ses a mejorar la capacidad de su sector de la salud en responder a la
violencia contra las mujeres.
La violencia psicológica es un tema que con más frecuencia se está escuchando y de acuerdo
a las encuestas de la OMS va ascendiendo, al respecto, podemos definirla como: el conjunto
de conductas que generan agresión, denigrando y modificando la autoestima de la mujer, ası́
como la imagen de sı́ misma. En las investigaciones se muestra de forma sistemática que las
mujeres a menudo consideran el maltrato psı́quico más devastador que la violencia fı́sica. Los
actos especı́ficos de maltrato psı́quico infligido por la pareja que se incluyen en el Estudio de
la OMS, son los siguientes:
-
Ser insultada o hacerla sentirse mal sobre ella misma;
-
Ser humillada delante de los demás;
-
Ser intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas;
-
Ser amenazada con daños fı́sicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herirla a ella o a alguien importante para la misma).
El informe detalla el impacto de la violencia sobre la salud fı́sica y mental de mujeres y
niñas. Este impacto puede ir desde huesos rotos hasta complicaciones vinculadas a embarazos,
problemas mentales y un deterioro en el funcionamiento social.
Las principales conclusiones del informe de la OMS, en cuanto a los impactos en la salud
por la violencia ejercida por la pareja, fueron:
-
Muerte y lesiones: El estudio encontró que a nivel mundial, el 38 % de todas las mujeres asesinadas fueron asesinadas por sus parejas, y el 42 % de las mujeres que han experimentado violencia fı́sica o sexual a manos de su pareja resultaron lesionadas.
-
Depresión: La violencia conyugal contribuye de manera importante a los problemas de salud mental de las mujeres, en tanto las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión en comparación con las que no padecieron ningún tipo de violencia.
-
Problemas del uso alcohol: Mujeres que sufren violencia de pareja son casi dos veces más propensas a tener problemas con el uso del alcohol.
-
Infecciones de transmisión sexual: Mujeres que sufren violencia de pareja fı́sica y/o sexual tienen 1,5 veces más probabilidades de contraer sı́filis, clamidia o gonorrea. En algunas regiones (incluida el África subsahariana) tienen 1,5 veces más probabilidades de contraer el VIH.
-
Embarazo no deseado y aborto: Tanto la violencia de pareja y la violencia sexual de personas que no son pareja se asocian con el embarazo no deseado. Según este informe, las mujeres que sufren violencia de pareja fı́sica y/o sexual tienen el doble de probabilidades de tener un aborto que las mujeres que no sufren este tipo de violencia.
-
Bebés con bajo peso al nacer: Las mujeres que sufren violencia de pareja tienen un 16 % más de probabilidades de tener un bebé de bajo peso al nacer.
Puede señalarse que la situación actual con el tema de la violencia de género reclama con
urgencia la presencia polı́tica y social protagónica y participativa de todos y todas que desean
mejorar su entorno, permitiéndoles asistencia a los programas de intervención, tanto para la
vı́ctima como para el agresor, tener respuestas óptima desde el sistema judicial, capacitar a los
profesionales que trabajan en las fiscalı́as, velar para que se cumplan las medidas cautelares,
y disponer de recursos materiales y humanos. En consecuencia a lo antes planteado, se busca
la participación protagónica de los consejos comunales, para que a través de ellos se busquen
soluciones concretas que puedan disminuir la magnitud de tanta violencia contra la mujer, formando un comité de protección de la mujer, que sea garante de apoyo psicológico y promueva el respeto por la igualdad del género y la asistencia jurı́dica para que estos conflictos que conlleva la violencia de género sean tratados y solucionados de acuerdo a las normativas sobre la materia.
Al respecto podemos decir que la violencia contra las mujeres está presente en los más
diversos ámbitos, reviste múltiples formas con distintos grados de intensidad y supone, como
toda violencia, la violación a los derechos humanos. Es la más extendida, oculta e impune
y constituye no solo un problema privado, sino público. Es probablemente la violación de
los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas. Millones
de mujeres y niñas en el mundo son vı́ctimas de violencia por razón de su sexo. Por ello la
Asamblea General de las Naciones Unidas (2006), señala:
Gran parte de la violencia contra las mujeres la cometen una amplia gama de personas y entidades, como la pareja y otros miembros de la familia; los conocidos ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y la comunidad; las bandas delictivas, como ası́ también las organizaciones y las empresas comerciales (p. 85).
Lo anterior sucede porque dicha violencia es la manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se refleja tanto en el ámbito privado,
como en el doméstico y el público, su consecuencia es la vulneración y negación de derechos
fundamentales de las mujeres y niñas que habitan este planeta. La violencia contra las mujeres
está presente en todas las sociedades del mundo, sea cual sea su sistema polı́tico o económico.
No sabe de culturas, clases sociales ni etnias. Este tipo de violencia tiene dos caras, en primer lugar es particular, pero también es universal porque a lo largo de la geografı́a mundial y de las distintas culturas persiste por doquier la violencia contra las mujeres. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raı́z común: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
No existe una causa única que explique la violencia contra las mujeres, ası́ lo han explicado
las investigaciones realizadas desde el feminismo, la criminologı́a, los derechos humanos, la
sociologı́a, la salud pública. Se llega a la conclusión de que es la conjunción de diversos
factores especı́ficos, de las desigualdades de poder en los distintos ámbitos: individual, grupal, nacional y mundial. Un factor causal importante son las desigualdades económicas, que crean o incrementan las condiciones propicias para que se desarrolle la violencia contra las mujeres. A causa de ello muchas mujeres, en distintos paı́ses, son discriminadas en determinadas
esferas tales como el acceso a empleos, los ingresos y el acceso a préstamos u otros recursos
económicos. Sin independencia económica se reduce la capacidad de las mujeres para actuar y
tomar decisiones incrementando su vulnerabilidad para sufrir violencia, por ello pueden sufrir
explotación económica dentro de la relación de pareja o la familia.
Es de destacar que la violencia contra las mujeres funciona como medio de control para
mantener la autoridad de los varones y para castigar a la mujer por transgredir las normas
sociales que rigen los roles de familia o la sexualidad femenina. La violencia no solo es
individual, sino que se refuerza a través del control, la sanción, y las normas de género
vigentes. Además, la violencia contra las mujeres surge cuando los varones perciben que se
desafı́a su masculinidad. Si los actos de violencia contra las mujeres permanecen impunes,
esto agrava sus efectos, y éstos actúan como mecanismo de control. Su invisibilidad no
contribuye a la comprensión de las violaciones de los derechos humanos y los modos de
corregirlos. Si los Estados no responsabilizan a los agresores, la impunidad intensifica la
subordinación de quienes sufren la violencia, y ası́ se envı́a un mensaje erróneo a la sociedad, el
mensaje de que la violencia masculina es inevitable y aceptable y esto significa su normalización.
Gracias al trabajo de base de las organizaciones y movimientos de mujeres a nivel mundial,
la cuestión de la violencia contra las mujeres ha adquirido relieve. La incansable lucha de
las mujeres para obtener la igualdad y el reconocimiento de sus derechos hace posible que
la violencia contra ellas se visibilice y se reconozca que la misma no solo es el resultado de
conductas violentas individuales, sino que es la consecuencia de relaciones estructurales de
desigualdad entre los dos sexos profundamente arraigadas en la sociedad. La negación de los
derechos humanos de las mujeres crea las condiciones para que perviva la violencia contra ellas.
De ahı́ que conforme la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un estudio realizado
sobre todas las formas de violencia contra la mujer, abogue por la promoción y protección de
dichos derechos, estableciendo que se debe hacer un esfuerzo por lograr la igualdad sustantiva
entre las mujeres y los varones.
De acuerdo con datos ofrecidos por la Comisión Económica Para América Latina y
El Caribe (CEPAL) (2017), América Latina no está sola en la búsqueda de la solución
del problema de la violencia contra la mujer, y que éste no es exclusivo de las sociedades
latinoamericanas. En nuestra región se han dado pasos significativos en el derecho de las
personas a una vida libre de violencia; por ejemplo, en la Primera Conferencia Mundial del
Año Internacional de la Mujer de 1975 realizada en México, se señaló como el disfrute de los derechos fundamentales de las personas, por lo cual en esta conferencia se insta a los Estados a
la adopción de medidas que prevengan y eliminen esta forma de violencia. En esta conferencia
se adoptó la definición de violencia como “La intención de utilizar la fuerza fı́sica o verbal para
alcanzar un objetivo durante un conflicto. La violencia en sı́ misma es una acción devastadora
que puede manifestarse a través de cuatro tipos de agresión: psicológica, verbal, fı́sica o sexual”
(p. 13). Se entiende entonces que esta definición sentó las bases para la tipificación del delito
de violencia contra la mujer tomando en consideración los cuatro tipos de agresión especificados.
Con respecto al movimiento por los derechos de la mujer en Venezuela, Aponte (2005),
plantea que éste es un movimiento que trata de obtener la igualdad de las mujeres con los
hombres en cualquier aspecto de la sociedad y hacer que accedan a todos los derechos y oportunidades de que disfrutan los hombres en las instituciones de dicha sociedad. Opina la
citada autora que dicho movimiento es afı́n a la lucha por los derechos civiles, ya que busca la
participación igualitaria de las mujeres dentro del status quo.
Montero (2010), en su trabajo de investigación titulado “Violencia contra la mujer”, hace un análisis crı́tico de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta autora afirma que la violencia contra la mujer está presente en la mayorı́a de las sociedades, pero con frecuencia es reconocida y aceptada como parte del orden establecido; de esa forma, la mujer se encuentra en una situación de indefensión encubierta por la intimidad y privacidad de la vida familiar.
Parra (2010), en su ponencia titulada “El Marco Constitucional y Legal: ¿Es el Necesario
y Suficiente para garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia?”, hace un
análisis de los instrumentos legales y normativos garantes de los derechos de la mujer, las
fortalezas y debilidades del marco normativo y jurı́dico vigente en Venezuela y ofrece algunas
ideas acerca de las reformas que deberı́an hacerse a la mencionada ley, tomando como base las
debilidades detectadas.
Villegas (2009), analiza el problema de la violencia de la mujer desde la perspectiva de la salud, enfatizando en la violencia obstétrica, como fenómeno vinculado con la violencia
de género. Esta investigadora sustenta su trabajo a partir de conceptos como patriarcado,
violencia contra la mujer y derechos sexuales y reproductivos.
Campo-Redondo et al. (2009), en el trabajo de investigación titulado “Violencia Familiar
e Instituciones Educativas”, mediante un estudio exploratorio analizan cualitativamente los
procedimientos que se llevan a cabo en instituciones educativas del Estado Zulia, en relación
a la prevención, manejo y control de la violencia familiar. Recomiendan monitorear las
actividades que permitan una integración de los representantes a la escuela, y partiendo de las
mismas, y de un verdadero sentido de pertenencia y colaboración, comenzar a instaurar planes
y proyectos orientados especı́ficamente a la prevención de la violencia; promover actividades
desde el hogar, destinadas a orientar el control de las emociones y la evitación de conductas
violentas, de manera tal que se permita a los niños el aprendizaje de la tolerancia frente a los
conflictos interpersonales, y dentro del contenido programático, incluir temas que permitan
una educación en valores e instaurar en los educandos actitudes positivas en relación a la familia.
Desde el punto de vista polı́tico, Garcı́a (2008) afirma que las mujeres venezolanas, a pesar de las dificultades a las cuales han tenido que enfrentarse, han protagonizado, a partir de
la segunda mitad del siglo XX, un proceso de intervención y presencia participativa en los
espacios de la vida pública y del sistema polı́tico institucional, aunque desafortunadamente no
han logrado superar la inclusión. La investigación realizada por esta autora determinó que esta
intervención femenina se apoyó en cuatro determinantes de carácter social e histórico, a saber:
(1) temprana articulación de las mujeres venezolanas a la construcción del modelo democrático
y pluralista que ha definido al sistema polı́tico venezolano desde principios del siglo XX, (2) el
ascenso de la calidad y cantidad en lo que respecta a la formación educativa de las venezolanas,
gracias a una masiva incorporación al sistema educativo; (3) incorporación masiva al empleo y
al trabajo remunerado, como producto del ascenso en educación; y (4) constitución de alianzas
de los partidos polı́ticos y otras organizaciones para apoyar a las mujeres en la postulación de
agendas comunes y alcanzar logros significativos en la polı́tica nacional.
De acuerdo con las investigaciones de Garcı́a (2008), con respecto a las polı́ticas dirigidas al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, éstas, en lı́neas generales, funcionan
como entes de carácter utilitario para la solución de problemas comunitarios, como simples
intermediarios frente al Estado, pero sin asumir el carácter polı́tico de esa intervención. Cuando
se habla del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres se refieren a la importancia de
potenciar la autonomı́a de las organizaciones, con la finalidad de estimular su acceso a la
defensa de los derechos de la participación polı́tica de la mujer en la vida democrática del paı́s.
Para ello se requieren iniciativas que promuevan las formas de identidad y de participación
polı́tica, en oposición a los estereotipos tradicionales, marcados por la subordinación y la
dependencia de la mujer con respecto al hombre. Se hace necesario para ello el desarrollo
de una campaña de información y de sensibilización de la población femenina acerca de sus
derechos polı́ticos y civiles, para que puedan reclamar su justa participación en la sociedad y
elevar sus valores e imagen en la acción pública.
Por su parte, Martı́nez (2007), en la investigación “Romper el silencio de una violencia de género cotidiana”, se plantea como objetivo de la investigación establecer la presencia de la
violencia de género en las relaciones de pareja de las estudiantes universitarias de la Carrera
de Educación mención Geografı́a y Ciencias de la Tierra de la ULA Táchira, Venezuela y
diferenciar sus diversas manifestaciones, si las hubiera. La autora toma en consideración toda
aquella relación ocurrida en el contexto de noviazgo, de matrimonio o de convivencia, bien sea
que cohabite o no. El perı́odo de relación de pareja a considerar es aquel que haya tenido lugar
en los últimos doce meses al momento de la aplicación del instrumento.
El denominador común de la serie de investigaciones involucran otra categorı́a importante
a tener en cuenta como es la del empoderamiento, concebido como la capacidad de las mujeres
de actuar en la comunidad, de tener voz propia, de tomar decisiones y plantear alternativas
no solo relacionadas con los asuntos de mujeres sino con todos aquellos espacios o asuntos en
donde lo que esté en juego sean los intereses del colectivo social. La promoción de los derechos
de la mujer, tanto en la salud como en lo educativo, lo laboral y lo jurı́dico, tiene que ver con
la construcción de ciudadanı́a, partiendo de la idea de empoderamiento de las mujeres como
actoras sociales autónomas y con conciencia de género.
Por todo lo expuesto, cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres, por tal se entiende aquella que sufren las mismas por razón de su sexo. Ası́ se desprende del artı́culo 1
de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008),
la cual define la violencia contra las mujeres como “. . . todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
fı́sico, sexual o psicológico para la mujer, ası́ como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.
Luego, dicha ley fue reformada en el 2021, incluyéndose nuevas modalidades de violencia,
como la violencia informática y la violencia polı́tica, ası́ como la inclusión de nuevos artı́culos,
sobre la corresponsabilidad del poder popular, donde se establece las funciones de los consejos
comunales como órganos encargados de la prevención de la violencia.
Por ello a manera de reflexiones establecemos lo siguiente:
Al analizar los instrumentos jurı́dicos en los cuales se fundamenta este trabajo, se ha podido constatar la importancia que confiere el Estado Venezolano al problema de la discriminación de género en nuestro paı́s. Nuestra Carta Magna establece el principio de igualdad entre las personas, es decir, no admite ningún tipo de discriminaciones entre éstas, en virtud de que todos somos iguales ante la Ley.
La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto garantizar y promover los derechos de las mujeres, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica. E igualmente, en materia de género, las convenciones y recomendaciones ratificadas por Venezuela han sido diversas y varias de ellas nutren tanto al derecho sustantivo como al adjetivo.
También se pudo determinar que a lo largo de la historia, Venezuela se ha destacado por su nutrida relación internacional y por su participación activa dentro de los organismos internacionales, ası́ como el compromiso de acatar y procurar el cumplimiento de las normativas internacionales, incluso prevaleciendo sobre el orden interno una vez sean ratificadas por la Asamblea Nacional.
Es innegable que la mayorı́a de los gobiernos de América Latina han creado comisiones nacionales para mejorar la coordinación entre los sectores y monitorear los avances en el desarrollo de planes y polı́ticas internos sobre la violencia. En este sentido, las actividades de educación comunitaria también pueden contribuir a aumentar la información a disposición de las mujeres respecto de sus derechos legales y sociales y dotarlas de medios para buscar ayuda en caso de agresiones. Además, puede ayudarlas a poner en entredicho las ideas en las cuales violencia de género en el marco de iniciativas multisectoriales incluyen lı́neas telefónicas directas, albergues de emergencia, intervención policial, asistencia legal, consejerı́a, atención psicológica, grupos de apoyo, programas de generación de ingresos, programas para los golpeadores y servicios de asistencia social para niños. Los grupos de apoyo parecen ser estrategias efectivas y de bajo costo para llegar a un gran número de mujeres.
Los Consejos Comunales son instancias de participación, articulación e integración
entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos
sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la
gestión directa de las polı́ticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades,
potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de
sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. Por ello, en tanto instancias locales
de participación, podrı́an convertirse también en valiosos instrumentos para concretar en
las comunidades servicios y programas municipales, estadales y nacionales destinados a la
prevención de las violencias contra las mujeres, de atención a las vı́ctimas, de denuncia por
ante los organismos competentes y de exigibilidad de derechos. No es casual que la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales (2010), considere como áreas y comités de trabajo
de los Consejos Comunales, la atención a la violencia a través de proyectos dirigidos a la
protección social de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, la familia y la
igualdad de género, ası́ como la educación, la cultura y la formación ciudadana y que en la
última reforma a la Ley de Reforma Parcial a la Ley orgánica sobre el Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (2021) se incluya, en el artı́culo 40, a los consejos comunales como “. . . corresponsables por la ejecución, seguimiento y control de las polı́ticas de prevención
atención, orientación acompañamiento y defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. . . ”
No obstante, no basta con un régimen jurı́dico idóneo para garantizar a las mujeres
venezolanas el acceso y disfrute de su derecho a una vida libre de violencia. Se requieren
también de instituciones fuertes, capaces de hacer efectivos tales derechos y de implementar
las polı́ticas y programas destinados a disolver las causales estructurales e inmediatas de la
violencia de género. En tal sentido, son diversas las debilidades que caracterizan a los distintos
poderes públicos, a los tres niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal) y a la misma
sociedad civil, que obstaculizan el imperativo ético de garantizar este derecho fundamental.
Este es un gran desafı́o para la Venezuela del Siglo XXI, de allı́ que es necesario implementar
estrategias destinadas a contribuir con la búsqueda de vı́as para la acción comunitaria en la
promoción y la exigibilidad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, como son:
la de sensibilización hacia un cambio en el comportamiento, las actitudes y las prácticas, lo que permitirı́a profundizar el conocimiento, la sensibilidad y la comprensión sobre la violencia
contra las mujeres. En su implementación debe incorporar las experiencias de la propia gente,
enfocándose sobre sus realidades y promoviendo el aprendizaje interactivo. La sensibilización
podrı́a comprender algunos de los siguientes objetivos y temas:
-
Cooperar y discutir en la búsqueda de información sobre la violencia contra las mujeres, con el fin de informarse y documentarse sobre las diversas manifestaciones de la violencia, sus consecuencias y sus causas, ası́ como sobre los recursos legales y sociales existentes. En este sentido, el análisis de La Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias debe ser imperativo.
-
Develar los mitos y estereotipos culturales que sirven de base a la violencia, ya que para reconocer los diversos tipos de violencia contra las mujeres y comprender sus causas es importante considerar las creencias, los prejuicios, las desvalorizaciones y las desigualdades que hacen que la sociedad aún los acepte como hechos normales en la vida cotidiana. Descifrar los orı́genes de los problemas ayuda a crear conciencia crı́tica y a despertar prácticas responsables y solidarias.
-
Discutir sobre la violencia en el contexto del papel de las mujeres y los hombres, el tipo de relacionamiento a diferentes edades, el funcionamiento familiar y, en general, las expectativas, aspiraciones, oportunidades y derechos que se le asignan a cada sexo.
-
Identificar patrones culturales y sociales de resolución de conflictos en la vida cotidiana de las parejas, la familia, la comunidad e incluso el paı́s, ası́ como las condiciones y los recursos necesarios para que los conflictos se conviertan en instrumento para lograr la convivencia en paz y el respeto a la diversidad.
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Crear espacios de encuentro, reciprocidad y diálogo, con el soporte de materiales impresos sobre las propias vivencias, involucrando a personas con experiencia en la temática, respetando la diversidad de opiniones y experiencias frente a la problemática.
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Movilizar a la comunidad para prevenir la violencia contra las mujeres, buscando el fortalecimiento y articulación de las capacidades comunitarias para despertar la voluntad y el compromiso de la ciudadanı́a en la prevención de la violencia contra las mujeres y podrı́a comprender algunos de los siguientes objetivos y herramientas.
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Establecer vı́nculos entre la ciudadanı́a y los programas, proyectos y servicios existentes en la comunidad que atienden la problemática de la violencia contra las mujeres, ası́ como fomentar la creación de espacios para la articulación de los mismos. Esto incluye la identificación y promoción de otros recursos presentes en la comunidad dirigidos a aumentar las oportunidades de acceso de las mujeres a la salud, el trabajo, la educación y la cultura, entre otras.
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Informar y sensibilizar a las mujeres y a la comunidad en general, acerca de sus derechos humanos, legales y sociales, a través de encuentros, campañas, espacios para el intercambio y el diálogo, jornadas, talleres, exposiciones y otros eventos. Los participantes pueden ser las escuelas, los centros de salud, la población, la policı́a, clubes deportivos, iglesias, entre otros.
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Crear grupos de apoyo en cada consejo comunal para que sean portavoces de información y comunicación, brinden acompañamiento a mujeres vı́ctimas de violencia y se constituyan en enlace con los programas, proyectos y servicios existentes en la comunidad.
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Promover con las diversas organizaciones comunitarias prácticas sensibles y equitativas al género y una posición de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres, u otro grupo poblacional afectado por la violencia de género, como los niños, las niñas o los adolescentes.
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Promover ante los Consejos Comunales la enunciación y ejecución de proyectos comunitarios para la formación ciudadana, la educación para la paz, la igualdad y la equidad de género, u otras áreas que tengan como objetivo la formación de valores humanos y modelos de socialización distintos a los prevalecientes.
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Promover la formulación e implementación de proyectos dirigidos a ofrecer a las mujeres oportunidades de acceso a servicios sociales y formación laboral.
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Gestionar recursos de diversa ı́ndole, ante los Consejos Comunales, las autoridades locales y el sector privado, para apoyar las actividades de promoción a una vida libre de violencias de las mujeres, tal como establece la ley vigente.
Para lograr esto se debe tener presente que se debe partir de la realidad presente en cada comunidad, por lo que los objetivos, acciones y herramientas propuestas deben ajustarse a la misma, de allı́ que es necesario identificar las posibles resistencias que puedan surgir, buscando espacios de aceptación opcionales, como son el problema de la juventud, la educación de los hijos, el crecimiento personal u otros temas que sean de inquietud en la comunidad. Por lo tanto, es necesario e importante involucrar a los hombres y los jóvenes en las actividades de promoción, ası́ como la realización de actos que estén acordes con la realidad de cada comunidad.
Conclusiones
La única salida viable para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres es
la aplicación de la ley para protección de las vı́ctimas y la educación en la igualdad y la
erradicación de la ideologı́a machista que es una medida a largo plazo, en la que falta aún un
largo camino por recorrer.
Con frecuencia los gobiernos no asumen la responsabilidad de proporcionarles un sistema
de justicia “operativo y accesible”, creando ası́ barreras institucionales que dificultan el acceso
de las mujeres a la justicia. Por el contrario, el buen funcionamiento de los sistemas legales y
de justicia es esencial para que las mujeres logren ejercer plenamente sus derechos humanos.
Se ha comprobado que, en paı́ses donde la asistencia jurı́dica financiada por el Estado es
limitada, las organizaciones de mujeres que prestan asesorı́a jurı́dica son fundamentales para
lograr que las mujeres se beneficien de los sistemas de justicia. La labor de estas organizaciones,
sobre todo, en casos de violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva o ciudadanı́a
y derechos hereditarios han permitido esclarecer la interpretación de las leyes o velar por su
cumplimiento.
Es necesario emprender acciones para revocar las leyes que discriminan explı́citamente
a las mujeres; para proteger a las mujeres incluso en el ámbito privado, contra la violencia
doméstica; y abordar el verdadero impacto de las normativas sobre la vida de las mujeres.
Es importante ayudar al acceso de las mujeres a la justicia. La experiencia de América
Latina y de otras partes indica la necesidad de dotar a las estaciones policiales de mujeres y las
oficinas de atención de cuestiones de género con recursos suficientes para que puedan realizar
su labor de modo adecuado.
Es necesario capacitar a juezas y jueces y dar seguimiento a sus sentencias a nivel nacional,
esto permite tanto a la sociedad civil, como a los gobiernos monitorear el desempeño de los
tribunales referente a los derechos de las mujeres.
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